Ecocréditos, por desarrollo sustentable
Quienes los desarrollan, sean iniciativa privada o del sector público, recurren a financiamientos que se amparan no sólo en promesas de pago, rendimientos o garantías, sino en que serán positivos para el tejido social y con mínimo impacto ambiental.
Según el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el país requiere 2 billones y medio de pesos –422,000 millones promedio al año– para proyectos de comunicaciones y transportes, agua y energía. Para el gobierno, 58% de esos recursos provendrán de la iniciativa privada.
¿Habrá suficientes recursos para construir las refinerías y los ductos que propone la reforma petrolera? ¿Y los miles de kilómetros de carreteras? ¿Y las presas y plantas de generación eléctrica? La duda se extiende a la idoneidad ambiental y social de tales proyectos.
Los empresarios mexicanos y extranjeros que requieran créditos y fondos para hacer infraestructura en el país tienen oportunidad si se forman en una ventanilla llamada Principios de Ecuador. De otra manera, es improbable que la mayoría de los grandes bancos y fondos de inversión internacionales les den financiamiento alguno.
Aunque poco conocido, este decálogo es el estándar establecido por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) y suscrito, hasta ahora, por más de 60 de los mayores bancos del mundo. Los principios se aplican para calificar y mitigar las consecuencias sociales y el impacto ambiental de proyectos de 10 millones de dólares o más. Sin el análisis del impacto social y ambiental, tendrán que buscar dinero en otro lado.
No será fácil que les presten en otros mercados. Los bancos firmantes representan 80% de los recursos del sistema financiero mundial. Además, muchas casas de bolsa aconsejan a los inversionistas mantenerse lejos de empresas irresponsables, que arriesgan dinero propio y ajeno y se exponen al fracaso.
Si el solicitante no cumple con este protocolo no podrá financiar proyectos de inversión (project finance); es decir, cuando esperan pagar el crédito con el producto de su propia operación. Y no es filantropía o utopía. Es negocio: el proyecto que no se atenga a los Principios de Ecuador es probable que desate conflictos sociales, políticos y económicos a corto o mediano plazo, y que por lo mismo enfrente dificultades graves para pagar su crédito y saldar la deuda.
Bancos y casas de bolsa
Uno de los bancos que primero adoptaron los Principios de Ecuador es HSBC, y los aplica en todas sus subsidiarias. En México, Rubén Chávez encabeza su Dirección de Crédito y Activos Especiales; él y su equipo forman parte del proceso de aprobación de solicitudes de crédito. Aunque los aspectos de una propuesta sean atractivos, si Chávez no presenta un dictamen favorable, el cliente recibirá una negativa y tendrá que buscar un banco menos escrupuloso. Es una forma de asegurar que el proyecto de inversión tiene un buen diseño, que es viable, y que respetará y, en su caso, compensará a la sociedad y al ambiente.
Chávez tiene claro que su papel en el banco no es el de un ambientalista o un luchador social; se autodefine como un custodio de cartera crediticia. “Tenemos que cuidar los recursos económicos y asegurar que el cliente esté en posibilidad de pagar de manera oportuna”, dice. “Cuando se trata de un proyecto de inversión de 10 millones de dólares o más, aplicamos los Principios de Ecuador. En esos casos evaluamos el impacto social, ambiental y las medidas que se tomaron para mitigarlos y asegurar la viabilidad del negocio a largo plazo”.
Los Principios de Ecuador también han llegado a las intermediarias bursátiles, dice Rolando Ibarra, de Vector Casa de Bolsa, el primer sustentability advisor o consejero de sustentabilidad en América Latina. “Nuestra tarea es evaluar la sustentabilidad social y ambiental de las inversiones”, dice. “Para los bancos es fácil detectar posibles contingencias desde el punto de vista del riesgo crediticio, pero en el sector bursátil es más difícil”.
El análisis de riesgo financiero tiene reglas especiales cuando se trata de industrias sensibles, como la forestal, química, energía o armamento. Y para el resto se suele analizar tres aspectos básicos: el cumplimiento de la regulación ambiental, la utilización de las mejores prácticas de cada industria y los estándares del Banco Mundial.
No es complicado, según Chávez, porque muchas veces basta una charla con el director de operaciones de la empresa. “Él puede decirnos si cumplen la regulación, si aplican mejores prácticas y si cumplen los estándares de su sector. Eso puede ser suficiente para dictaminar si el riesgo aplicable es A, B o C, donde las dos primeras categorías definen riesgos altos y medios, y la tercera, mínimos”.
“Es el caso de una presa hidroeléctrica –dice Chávez– que puede ser una obra estratégica, pero tendrá impacto ambiental que debe ser anticipado, valorado y resuelto.
Socialmente, añade, habrá ventajas, como empleos y derrama económica, pero quizá haya que desplazar a mucha gente, que “debería recibir un trato justo y beneficiarse de esa obra”. Si aplicamos los principios de manera adecuada, los proyectos de inversión tendrían un mejor futuro”.
Desde este año, HSBC también incorpora a su análisis de riesgo crediticio un capítulo asociado al cambio climático, el cual considera el impacto que podrían tener los fenómenos atmosféricos en la viabilidad económica de un proyecto y, en última instancia, el pago de un crédito de largo plazo.
Aunque Chávez se resiste a mencionar casos particulares, la tragedia del frustrado aeropuerto de Texcoco podría ser un caso ejemplar: todo indica que el proyecto se administró de manera improvisada, que las poblaciones afectadas no fueron informadas, y que se les pretendió pagar un precio insuficiente por sus tierras. Quizá para curarse en salud, la construcción y operación de la Terminal 2 del aeropuerto sí se apegó a los Principios de Ecuador.
¿Cómo responden las empresas a estas demandas de las instituciones financieras? Depende del tamaño y la cultura, dice Chávez. Algunas multinacionales siguen iniciativas de sus matrices, y las pequeñas están en la fase de aprendizaje. En las compañías medianas hay de todo: desde los empresarios que quieren ser responsables, hasta los soberbios que no están de acuerdo en que el banco les pida información detallada o les diga cómo tienen que hacer sus negocios.
Ibarra, de Vector, asegura que entre las que cotizan en la BMV hay empresas conscientes del desempeño ambiental y comunitario y que gastan millones para asegurar sus inversiones. “Desafortunadamente –dice–, estas acciones todavía no se reconocen porque el análisis bursátil suele enfocarse en el desempeño financiero”.
“En Vector estamos creando una metodología para insertar estos problemas y darles un valor”, añade.
Por lo pronto, HSBC cosecha beneficios: puesto que los Principios de Ecuador permiten reducir el nivel de riesgo, su portafolio ha crecido a tasas más altas que el promedio del mercado. Los clientes, por lo visto, no se están rajando. “Quizá perdemos un cliente, un negocio –dice Chávez– pero los que tenemos son de los mejores”.
Otros bancos que comulgan con los Principios de Ecuador son Citi, BBVA y, de forma destacada, el canadiense Scotiabank. Esta entidad financiera se sumó al pacto en 2006 y, a la fecha, 19% de sus inversiones en proyectos de infraestructura siguiendo esta aplicación se dedican a México.
Según Ibarra, “vamos a las empresas para platicar y conseguir información para el público”. Las compañías podrían resistirse, pero, a fin de cuentas, en una casa de bolsa manda el inversionista, que puede elegir el destino de su dinero, con qué retorno y asumiendo cuáles riesgos.
Cementeras, aerolíneas, papeleras, aeropuertos o petroquímicas, que tradicionalmente han sido sectores sensibles al impacto social, podrían beneficiarse si aplicaran estas nuevas reglas, asegura el consejero en sustentabilidad de Vector.
“En todo caso, el análisis no se puede hacer de manera aislada o comparando diferentes industrias. Siempre tendrá que tener en cuenta a las empresas del mismo sector, sean bebidas, transportes o construcción. Ahí se ve si una visión responsable y previsora es rentable”, puntualiza.
Ejemplo: Cydsa, una de las primeras mexicanas que obtuvieron bonos de carbono del Protocolo de Kyoto. En 2006 reportó ingresos por más de 10 millones de dólares, y para 2007 esperaba recaudar hasta 21 millones más.
Por checart:
Guardado en: checartnews: | Sin comentarios » | 22 de September de 2008
